La corrupción como conducta antisocial

La corrupción como conducta antisocial

50
0
Compartir

Mariano Borinski

Infobae

Se entiende a la corrupción como el uso de un instrumento público para obtener un beneficio privado. Desde un aspecto legal, se subraya la desviación de la conducta de las normas públicas y legales de trabajo en aras de beneficios privados, ya sea para obtener ganancias pecuniarias, de condición o de influencia.

El enfoque sociocultural sostiene que el concepto de corrupción debe definirse de tal manera que involucre no sólo el comportamiento que se desvía de las normas escritas, sino también el que se desvía de las normas de la conducta social.

La perspectiva de mercado describe a la corrupción como una “unidad de maximización”, mediante la cual los servidores públicos aumentan sus ganancias de acuerdo con la oferta y demanda que exista en el mercado de sus responsabilidades oficiales.

La escuela neoliberal considera a la corrupción como una de las manifestaciones de los mercados negros originados por el exceso de intervencionismo estatal. Así, cuanto más intervenga el Estado, más reglamente y más fomente la invasión de las burocracias, más riesgos hay de que se den procedimientos y mercados paralelos, que constituyen el origen de los comportamientos delictivos.

​El término “corrupción” proviene del latín corrompere, que significa trastocar, alterar, echar a perder. Constituye un concepto dinámico que está condicionado por la etapa histórica de cada sociedad, es un fenómeno multidimensional, y se presenta en todos los países, con diferencias en la modalidad y los niveles jerárquicos que afecta.

​Hasta los años ’70 existía una visión moralista e indiferente de la corrupción, era entendida como un mal necesario para el desarrollo. En los años ’80 y primera mitad de los años ’90 la conciencia colectiva empezó a percibir el problema (awareness raising), hasta que en esa década se diseñaron estándares de corrupción (Convención de la OEA 1996, Convención del OCDE 1999) y se desarrollaron estrategias para combatirla (Banco Mundial, OCDE, ADB, incluso normas internas dentro de los países). A partir del año 2000, se puso énfasis en combatir la corrupción en tres dimensiones.

Algunas estrategias modernas sugeridas para prevenir la corrupción son: la revisión de sistemas de gestión de personal público, la supervisión y mejora de sistemas de compras públicas, el fortalecimiento de las funciones de los órganos de contralor, la desregulación, la digitalización de servicios y trámites, la realización de campañas de educación cívica, la aprobación de leyes de acceso a la información y la creación de organismos e instituciones anticorrupción.

​Existen diversas formas en las que la sociedad civil puede ayudar a combatir la corrupción, como por ejemplo denunciando casos, profesionalizándose y desarrollando encuestas para analizar áreas de mayor riesgo.

​Por otra parte, la rendición de cuentas constituye un valor esencial para el efectivo funcionamiento de la democracia, que incluye el deber de informar, explicar, justificar, sujetarse a castigos y recompensas, incluir las tres dimensiones temporales (pasado, presente y futuro) y exigir una actitud proactiva. En definitiva, la rendición de cuentas puede definirse como un proceso pro-activo en el que los actores sujetos a ella informan y justifican sus planes de acción, comportamiento y resultados y al mismo tiempo se sujetan a las consecuencias correspondientes.

En el mismo sentido, la transparencia es una característica esencial del estado democrático. En un régimen autoritario, el Estado conoce todo de los individuos sin que los individuos sepan casi nada del Estado. Por el contrario, en una democracia, el individuo debe tener la posibilidad real de conocer la actividad del Estado y su funcionamiento y el Estado conoce lo indispensable de los individuos. El gobierno es de la sociedad y no la sociedad del gobierno. De esta manera, transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos en esas decisiones, sean accesibles, claros y se comuniquen al público.

​En cuanto a la legislación internacional aplicable, la República Argentina ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1997) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2006).

​En la actualidad, la prevención y el control del delito de corrupción se concreta, principalmente, mediante la obligación que recae sobre todos los funcionarios del Estado de presentar declaraciones juradas patrimoniales, en las que se detalla el contenido y el origen de su patrimonio. Este mecanismo de prevención y control del delito de corrupción se encuentra en consonancia con la ley de ética de la función pública y con el deber de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación de ejercer sus funciones con transparencia y ética.

En pos de la transparencia, los jueces tienen el deber funcional de mostrarle a la sociedad el producto de su trabajo, es decir, las sentencias que dictan, el modo en que llegan a la solución adoptada en la resolución y no a otra; esto es, el trámite y la gestión del proceso judicial; y su patrimonio, mediante la presentación de declaraciones juradas patrimoniales en forma periódica, que tienen carácter público y son accesibles para quien requiera la información. Debe incluir la manifestación pública de bienes del cónyuge del magistrado.

​El Código Penal enumera a los delitos contra la administración pública, la que se define como el regular, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado en los tres poderes. Se pretende fomentar la buena conducta de los funcionarios públicos, pues si no observan los deberes especiales a su cargo obstaculizan esa regularidad funcional.En definitiva, el bien jurídico protegido que subyace consiste en la preservación de la función pública frente a los ataques que provienen tanto de la propia organización burocrática del Estado y de sus miembros, como de los particulares.

Los delitos que se encuentran previstos en el Título XI del Código Penal son atentado y resistencia contra la autoridad, falsa denuncia, usurpación de autoridad, títulos u honores, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, violación de sellos y documentos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato, denegación y retardo de justicia, falso testimonio, encubrimiento y evasión y quebrantamiento de pena.

Se proyecta en el Anteproyecto del Código Penal que en este mes será enviado al Congreso de la Nación, el incremento de penas que sean de cumplimiento efectivo de prisión como así también el decomiso anticipado de bienes para que el dinero o cosas mal habidas vuelvan al Estado, y la tipificación del soborno entre privados .

​En otro orden de ideas, algunos de los costos que la corrupción impone en la sociedad, son monetarios: un tercio de la inversión pública en muchos países de la región de Asia-Pacífico; el 50% de los ingresos impositivos en los países de América Latina; 30.000 millones de dólares de ayuda internacional a África; el 9% del PBI de México. Otros costos no se pueden cuantificar con facilidad, como por ejemplo la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, los conflictos sociales, la baja en la calidad de la provisión de bienes y servicios públicos, el aumento de los costos de los trámites burocráticos y disminución de la inversión extranjera, entre otros.

La corrupción genera un grave problema en las democracias emergentes, pues conduce a la desconfianza en las instituciones de administración de justicia y de gobierno y disminuye la legitimidad política y la eficiencia económica de un país. La corrupción da lugar a una inadecuada distribución del talento, mina el capital social y la confianza básica y legitima mecanismos informales.

​A su vez, la corrupción aumenta los costos del desarrollo social y económico, observándose una relación directa y proporcional entre el nivel de corrupción que se verifica en una sociedad y el nivel de delincuencia; es decir, a mayor corrupción, mayor violencia.

​En definitiva, la corrupción atenta contra los ideales y exigencias de un Estado democrático, socavando la credibilidad de las instituciones y fomentando la percepción social de impunidad. Los funcionarios públicos, en quienes el Estado deposita el cumplimiento y la ejecución de sus funciones en virtud del rol especial que desempeñan, son quienes mayores deberes y responsabilidades tienen hacia la sociedad, principal usuario del servicio de la administración pública, de quien se espera no solo eficiencia en la función, sino por sobre todas las cosas, transparencia.

El Dr. Mariano Hernán Borinsky  es presidente de la Comisión Reforma CP, Juez Federal Cámara Casación Penal, doctor en Derecho Penal (UBA) y profesor Universitario en la UBA, Di Tella y Austral.

No hay comentarios

Dejar una respuesta